Burkina Faso reintroduce la pena de muerte
El martes 20 de octubre la Asamblea Legislativa Popular (ALP) aprobó el proyecto de ley sobre la relectura del Código Penal Burkinés, que reintroduce la pena de muerte para ciertos delitos, especialmente aquellos relacionados con el terrorismo, el espionaje y la traición.
El martes 20 de octubre la Asamblea Legislativa Popular (ALP) aprobó el proyecto de ley sobre la relectura del Código Penal Burkinés, que reintroduce la pena de muerte para ciertos delitos, especialmente aquellos relacionados con el terrorismo, el espionaje y la traición.
Aprobado por los 71 miembros de la Asamblea Legislativa Popular (ALP), el proyecto de ley reintrodujo la pena de muerte como castigo para determinados delitos mediante la revisión de la Ley nº 025-2018/AN del 25 de mayo de 2018 sobre el Código Penal.
El Ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, explicó que esta decisión busca fortalecer la respuesta judicial al terrorismo. Según él, el sistema anterior era utilizado por los grupos terroristas para convencer a los nuevos reclutas de que no corrían el riesgo de sufrir sanciones suficientemente disuasorias, incluso si son arrestados.
La declaración se produce en un contexto atravesado por constantes ataques provenientes de grupos rebeldes financiados para desestabilizar zonas estratégicas, como es el Sahel.
El texto también establece la pena de muerte por espionaje y traición, así como por el parricidio (es decir, el asesinato de un familiar próximo, especialmente al padre, a la madre, a un descendiente, ascendiente o al propio cónyuge), según las disposiciones presentadas.
También se aplicará a la importación de productos caducados o prohibidos que resulten en la muerte,
Al mismo tiempo, la reforma abarca malversaciones de fondos, las cuales pueden ser castigadas con cadena perpetua o con una multa correspondiente a tres veces la cantidad malversada.
La modificación del Código Penal se vincula con la disolución de 118 ONG nacionales e internacionales y la prohibición de sus actividades, anunciada el 15 de abril de 2026. Junto a esto, el gobierno liderado por Ibrahim Traoré ordenó el cierre de las cuentas bancarias comerciales de las organizaciones para ser transferidas a un banco estatal. En aquel entonces, fueron acusadas de espionaje en favor de Francia y de colaborar con los grupos terroristas que operan en la región.
Por su parte, el 27 de abril de este mismo año el gobierno de Niger ha suspendido las actividades de 2.900 de las 4.700 organizaciones no gubernamentales locales y extranjeras registradas.
Malí había sido el pionero, disolviendo todas las actividades llevadas a cabo por ONG que operen en Malí con financiación o con apoyo material o técnico de Francia, incluido el ámbito humanitario” en noviembre de 2022, siendo el impulsor de medidas coordinadas entre los países que integran la Alianza de los Estados del Sahel.
FUENTE: BURKINA24 – NOUVELLES AFRIQUE – AFRICA NEWS – AL JAZEERA
